COMUNICADO DE PRENSA PLATAFORMA IBÉRICA POR OS CAMINOS PÚBLICOS.

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COMUNICADO DE PRENSA ANTE EL CIERRE MASIVO DE CAMINOS PÚBLICOS 2015.

  La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha  llevado a cabo este fin  de  semana,  24  y 25 de  octubre,  su jornada anual en defensa  de los caminos  públicos  celebrada  en esta ocasión en la localidad de  Argamasilla  de Alba (Ciudad Real).   Diversos colectivos ambientales, senderistas, ciclistas  y de ámbito cultural denuncian el cierre de caminos públicos, en todo  el Estado español, por parte de grandes propietarios con total impunidad  y ante  la  inacción  de  las   administraciones   públicas  que  permiten   esta práctica.Estos colectivos denuncian también que cada vez más se cierra el paso  por los caminos públicos  a  cualquier  persona  que desee circular por el campo.  Terratenientes  y  grandes  propietarios de fincas, y también pequeños propietarios en algunos  casos, prohíben  el paso y ponen puertas y candados en  los caminos  públicos e impiden el libre tránsito en el medio natural.

Las organizaciones en defensa de los caminos públicos recuerdan que la ley  señala que estas  vías públicas,  ya  sean vías  pecuarias,   caminos públicos y también el dominio público hidráulico   están contempladas en   la   ley   como  bienes   patrimonio  de   todos   y   son   inalienables, inembargables   e   imprescriptibles.   Además,   el artículo   45  de    la Constitución, reconoce el derecho fundamental a disfrutar del medio natural y el  deber de  conservarlo.  Los  colectivos  que  integran  esta  plataforma solicitan  también a los ayuntamientos  que lleven a cabo el inventario de los caminos públicos de su municipio como primer paso para proteger estas vías públicas.

  La PiCP está formada por diversos grupos de defensa de los caminos públicos de Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y País Vasco. En esta edición, las jornadas en defensa de los caminos han contado con la asistencia de más de 80 personas, activistas de organizaciones senderistas, ciclistas y ecologistas llegados de todo el Estado español, sobre todo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

  

Además, la PICP llama la atención sobre la situación que están generando los propietarios de los grandes cotos de caza. Si hasta hace unos años era Andalucía la comunidad autónoma que más kilómetros de caminos públicos cerrados contaba, es ahora Castilla-La Mancha, y en concreto,Ciudad Real, la provincia que sufre un cierre masivo de caminos públicos por parte de grandes propietarios.

  Los defensores de los caminos públicos señalan también que la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, aprobada por el anterior gobierno regional de María Dolores de Cospedal, viola el artículo 45 de la Constitución y permite cerrar los caminos públicos y antepone una actividad privada como es el negocio de la caza, y de los grandes cotos, al derecho fundamental del ciudadano al libre tránsito en el medio natural. Por ello, esta organización pide al nuevo gobierno de Emiliano García-Page la derogación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

 

  Al mismo tiempo, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos insta a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales, el 20 de diciembre, a incluir en su programa electoral la defensa de los caminos públicos y el compromiso de intervenir ante este expolio de este patrimonio, no sólo ambiental, sino cultural e histórico que son nuestros caminos públicos.